“Pídale a Dios que pague”: la frase de un imputado de Branka Motors que indignó en Tribunales

La causa por la presunta estafa de Branka Motors sumó un nuevo capítulo de tensión e indignación en Tribunales de San Juan. Lo que debía ser una audiencia clave para definir el futuro del acuerdo de reparación económica terminó con los imputados esposados rumbo al Penal de Chimbas y con una frase que encendió aún más el enojo de las víctimas: “Pídale a Dios que pague”.

La expresión fue pronunciada por uno de los acusados durante el tenso intercambio que se produjo en la audiencia y cayó como una provocación entre los damnificados, que desde hace meses reclaman recuperar parte del dinero perdido en la maniobra investigada por la Justicia.

El escándalo se desató luego de que la fiscalía y las querellas demostraran ante la jueza de Garantías, Ana Carolina Parra, que los imputados no habían cumplido con el primer pago acordado en el plan de reparación económica. El convenio establecía la devolución de más de 524 millones de pesos en cuotas para compensar a cientos de personas afectadas por la presunta estafa vinculada a la venta de motos. 

Durante la audiencia, el fiscal Guillermo Heredia sostuvo que los acusados contaban con el dinero y cuestionó duramente el incumplimiento. Las querellas, por su parte, afirmaron que no solo hubo una estafa contra los clientes de Branka Motors, sino también un “manoseo” al sistema judicial por haber alcanzado un acuerdo que nunca se cumplió. 

Los imputados intentaron justificar la falta de pago asegurando que no consiguieron un préstamo y que habían viajado a Mendoza para obtener fondos, aunque no pudieron acreditar ninguna transferencia ni presentar comprobantes. Esa situación provocó un fuerte reto de la magistrada, quien consideró que no existió buena fe en el accionar de los acusados y resolvió revocar el beneficio que les permitía continuar el proceso en libertad. 

Finalmente, la jueza ordenó cinco meses de prisión preventiva para Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega, al entender que existían riesgos de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. Así, los tres imputados salieron esposados de Tribunales y fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.

La escena dejó una fuerte conmoción entre las más de 350 personas damnificadas, muchas de las cuales seguían la audiencia con expectativa de recuperar al menos parte de sus ahorros. Sin acuerdo vigente y con los acusados detenidos, el expediente ahora avanza hacia un futuro juicio oral y público, mientras las víctimas deberán iniciar acciones civiles si pretenden recuperar el dinero perdido.