Registro digital y valor local: Los cambios de la ley de proveedores mineros

Luego de varios meses de estar frenada debido al clima electoral, según lo expresó el ministro de la Producción Gustavo Fernández, el proyecto de Ley de Proveedores mineros se revitalizó al punto tal que está a punto de ingresar a la Cámara de Diputados para que se debata en comisiones y luego que se apruebe en el recinto. El objetivo central de la norma es "apuntalar el desarrollo de los proveedores locales" y, fundamentalmente, "el agregado de valor". Para ello, el proyecto introduce una definición estricta de "proveedor local". Además, Gustavo Fernández explicó que "se hará una distinción obligatoria entre los proveedores de la comunidad directa, los de la provincia y los del país, debiendo "ponderarse más el proveedor de la comunidad con el de la provincia y de esa misma manera con el del país".

La medida más disruptiva que garantizará el beneficio para los productores es que en la ley "debe valorarse más el proveedor que tiene un proceso de transformación industrial por sobre aquel que hace una compraventa de tipo comercial". El ministro señaló que la intención es evitar a los simples revendedores, dado que "no es lo mismo el que tiene la fábrica y produce desde la materia prima y lo transforma para luego comercializarlo contra aquel que lo compra y lo revende". La búsqueda es que se "agregue realmente valor a la ecuación".

Otro sector beneficiado es la transparencia y la fiscalización. La ley plantea la creación de un registro "abierto, moderno y digitalizado", que se utilizará obligatoriamente por las mineras a la hora de las invitaciones a las licitaciones para saber "qué tipo y que calidad tenemos entre los proveedores". Fernández aseguró que esta herramienta pública busca "terminar con algunos curros".

Finalmente, las empresas mineras también se ordenan en este esquema. La normativa exige la presentación de un plan de desarrollo de proveedores y de contratación de mano de obra que debe ir incrementando sus niveles con el tiempo. Para asegurar su cumplimiento, se establecerá un "sistema de control para evaluar estos desarrollos" que antes no existía con la potestad adecuada en la DIA (Declaración de Impacto Ambiental). El ministro indicó que las operadoras no están en desacuerdo, pues reconocen que el impacto social de contratar localmente es "importante para el negocio", incluso si esto implica pagar más. La Ley, en definitiva, beneficia al productor sanjuanino que invierte en infraestructura y genera empleo genuino.

La demora electoral

Del proyecto de Ley de Proveedores mineros se viene discutiendo de hace meses, casi desde inicio del año, pero, según dijo el ministro Gustavo Fernández, se decidió ponerlo en pausa en el trimestre que pasó por ser periodo preelectoral.

Fernández dijo que “el ingreso del texto a la Legislatura provincial se demoró debido a la reciente campaña por las Legislativas 2025”. Además, el funcionario dijo que “el proyecto se puso pausa", ya que observaron que "podía mezclarse maliciosamente en ese contexto". Una vez culminado el período electoral, se aceleró la presentación.