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Respaldo de países y organizaciones fortalece la defensa argentina en el caso YPF
La Procuración del Tesoro informó que distintos países y organizaciones internacionales respaldan la posición argentina en la apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que busca revertir la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF como pago de una sentencia por US$16.000 millones.
POR REDACCIÓN
El Gobierno celebró el respaldo de varios países y organizaciones en la apelación judicial en Estados Unidos, que busca evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF, ordenada como parte de pago de la sentencia por US$16.000 millones. Entre los países que apoyan a la Argentina se encuentran Estados Unidos, Israel, Francia, Italia, Ecuador, Uruguay, Chile, Rumania y Ucrania.
La Procuración del Tesoro destacó que Estados Unidos, por tercera vez en este litigio, acompaña la defensa argentina, lo que evidencia la solidez del vínculo estratégico con el país. Por su parte, Israel se presentó por primera vez como amicus curiae, un gesto histórico que refleja la seriedad de los argumentos de la defensa argentina.
Además de los gobiernos, organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute y la American Bankers Association también respaldan la posición nacional. Francia envió una carta diplomática apoyando los planteos argentinos.
La defensa argentina, liderada por la Procuración del Tesoro junto con un estudio de abogados estadounidense, presentó cuatro argumentos centrales: violación de la inmunidad soberana, interpretación errónea del derecho de Nueva York, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas y violación del derecho argentino e internacional.
Los beneficiarios del fallo, principalmente el fondo Burford, deberán presentar su réplica el 14 de noviembre, mientras que la Argentina hará su argumentación final el 12 de diciembre. A pesar de que los magistrados aceptaron acelerar el juicio, no se esperan novedades hasta 2026.
La Procuración del Tesoro resaltó que cumplir con la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de YPF afectaría la soberanía económica de Argentina y sentaría un precedente sobre la protección de activos estatales en el exterior.