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Tres sanjuaninos imputados por presunta estafa en la venta de lotes del IPV
El fiscal Nicolás Alvo confirmó que una familia fue acusada por cinco hechos de estafa, tras vender lotes prometiendo un barrio que nunca existió y que supuestamente se gestionaría a través del IPV
POR REDACCIÓN
En los tribunales de San Juan se llevó a cabo una audiencia clave en la causa por presunta estafa que involucra a tres integrantes de una familia. Los acusados son Roberto Bolado y Beatriz Bolado, en calidad de autores, y Cecilia Paula Masquijo, como partícipe. La investigación está a cargo del fiscal Nicolás Alvo, de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas.
El caso se centra en la venta de terrenos que formaban parte del supuesto “Conjunto Habitacional Virgen del Valle”, un proyecto inmobiliario que nunca se concretó. Según explicó el fiscal a DIARIO HUARPE, “la audiencia ha sido de ampliación de la investigación penal preparatoria a raíz de dos nuevas denuncias que surgen contra los señores Roberto y Beatriz Bolado y Cecilia Masquijo, quienes ya habían sido formalizados en julio de este año”.
La investigación comenzó con tres denuncias, formalizadas el 30 de julio de 2025, y ahora suman un total de cinco hechos de estafa. Alvo indicó que “el conjunto habitacional no existe, el terreno no pertenece a la sociedad y la sociedad civil tampoco está constituida de forma regular”.
El modus operandi
Las víctimas relataron un mismo patrón de engaño: los acusados firmaban convenios de preadjudicación de terrenos y se presentaban como representantes de una entidad civil inexistente. En esos acuerdos se prometía la entrega de un lote donde los compradores podrían construir su vivienda, bajo la supuesta gestión del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Sin embargo, el organismo informó que nunca existió ningún expediente vinculado al proyecto.
De acuerdo al fiscal, “estas personas firman un convenio de preadjudicación prometiendo entregar un terreno que no existe. Las víctimas realizaron pagos durante años, bajo el argumento de que el proyecto avanzaría a través del IPV”.
Las ventas comenzaron en 2015 y los contratos más antiguos datan de 2015 y 2016. Los denunciantes presentaron recibos de pago de cuotas sociales que se extendieron hasta 2021. Los montos variaban entre $60.000 y $100.000por contrato, con cuotas de $150 mensuales.
El supuesto barrio estaría ubicado en Rawson, en la intersección de calles General H. y Santa Teresa, aunque el terreno pertenece a otra persona. Los acusados habrían sostenido el engaño durante años, justificando las demoras por la pandemia o cambios de gobierno.
Situación judicial actual
Durante la audiencia, la fiscalía reajustó la calificación legal del caso a “estafa en concurso real en cinco hechos”, lo que agrava la situación de los imputados. “Es un agravante porque eso puede aumentar la pena”, sostuvo Alvo.
Los acusados continúan en libertad, aunque con medidas de coerción mínimas. Deben presentarse cada 30 días en la comisaría más cercana a su domicilio.
El fiscal confirmó que actualmente “hay tratativas entre los abogados de los imputados y la querella para evaluar un posible acuerdo conciliatorio, ya que los acusados manifestaron su intención de reparar el perjuicio económico”.
No obstante, aclaró que cualquier acuerdo deberá ser evaluado por la fiscalía: “Si la víctima considera que el importe ofrecido no repara el daño, la fiscalía deberá decidir si acepta o no dicho acuerdo”.