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Amenaza de bomba al Centro Cívico: condena, curso obligatorio y pago de $4 M en juicio abreviado
Carlos Cabaña, el responsable del llamado que paralizó el Centro Cívico, aceptó el "combo de castigo" que incluye una pena de dos años de prisión condicional, la obligación de afrontar el costo del operativo de emergencia que rondó los $4.000.000 y la asistencia a un taller de reeducación.
Por Germán González
Carlos Daniel Cabaña Hidalgo, uno de los hombres inicialmente detenidos por la falsa amenaza de bomba al Centro Cívico ocurrida el martes 16 de septiembre, aceptó un acuerdo de juicio abreviado que culmina en un triple castigo: pena, resarcimiento millonario y un curso obligatorio, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE. El acuerdo recibió la homologación del juez de garantías Diego Manuel Sanz, que luego dictó sentencia.
El acuerdo abreviado presentado por el fiscal Ignacio Achem y aceptado por Cabaña implica el cumplimiento de una pena de dos años de prisión condicional. Fuentes judiciales señalaron que esta condena corresponde al mínimo previsto para este tipo de delitos.
Además de la pena de prisión condicional, el acuerdo obliga al imputado a afrontar un pago significativo como resarcimiento económico. La Fiscalía de Estado se había presentado como querellante en la causa exigiendo que los imputados afrontaran el costo económico que implicó la activación del protocolo de emergencia.
Finalmente, Cabaña aceptó pagar unos $4.000.000. Este monto es similar al costo que, según la Fiscalía, implicó el operativo de emergencia. El pago deberá realizarse en un plazo de 30 cuotas.
El castigo incluye también un componente de reeducación social. Como parte del acuerdo, el hombre deberá completar un taller que lleva por nombre “Reconstruyendo mi identidad aporto a la sociedad”.
Cabaña y Hugo Sebastián Castro habían sido arrestados tras la denuncia, que se habría realizado en un contexto de broma mientras ambos se encontraban en su lugar de trabajo, para una empresa constructora.
En el marco del acuerdo, Cabaña desvinculó al otro acusado. Aseguró que fue él quien le pidió el celular a Castro para realizar el llamado de la falsa denuncia de bomba.
La causa fue investigada por el fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez. La negociación del juicio abreviado había suspendido la audiencia de formalización, que se retomó cuando las partes estuvieron cerca de alcanzar el arreglo.
Inicialmente, la Fiscalía de Estado había solicitado el resarcimiento económico, aunque fuentes judiciales habían indicado que era poco probable que prosperara en el fuero penal y que debía canalizarse por la Justicia Civil. Sin embargo, el acuerdo de juicio abreviado finalmente incluyó la obligatoriedad del pago por parte de Cabaña.