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Amenaza de bomba en el Hospital Rawson: imputarán a la bioquímica Rosario Cortéz
La bioquímica Rosario Cortéz será imputada por intimidación pública tras una amenaza de bomba falsa en el Hospital Guillermo Rawson. El fiscal Ignacio Achem pidió audiencia para formalizar la acusación penal.
POR REDACCIÓN
Tras un mes de investigación por la amenaza de bomba que provocó una evacuación masiva en el Hospital Guillermo Rawson, la Justicia sanjuanina tomó una decisión clave en la causa: la bioquímica Rosario Cortéz, de 30 años, será imputada penalmente por el delito de intimidación pública. El fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, solicitó audiencia para avanzar en la formalización de la acusación.
Según fuentes judiciales consultadas por DIARIO HUARPE, el Ministerio Público Fiscal consideró que hay pruebas suficientes para avanzar contra la profesional que se desempeña como residente en el hospital. La sospecha recayó sobre ella por haber realizado el llamado al 911 que alertaba sobre la presunta colocación de un explosivo en el centro de salud.
El hecho ocurrió durante la mañana del martes 3 de junio de 2025, cuando se activó el protocolo de seguridad tras una comunicación telefónica de apenas ocho segundos. En ese breve lapso, una voz anónima alertó sobre la presencia de una bomba en el hospital, lo que derivó en la evacuación de decenas de personas, la movilización de Bomberos, Policía y otras fuerzas especiales.
Mientras se desarrollaba el operativo de seguridad, una rápida investigación permitió rastrear la línea desde la que se hizo el llamado. Gracias a la geolocalización del celular y los datos de titularidad, la Policía centró la búsqueda dentro del propio hospital y finalmente demoró a Rosario Cortéz, quien se encontraba en el lugar.
“Una vez que pudimos ver que el teléfono estaba dentro del hospital y la titularidad era de la señorita que terminó siendo demorada, se preservó las pruebas”, explicó el fiscal Achem en ese momento.
La profesional fue liberada ese mismo día por la noche, aunque quedó implicada y su teléfono fue enviado a peritaje. Además, se ordenó la revisión de cámaras de seguridad tanto del hospital como de zonas aledañas. La producción de prueba volcó todo finalmente para que la joven sea imputada penalmente.
La imputación por intimidación pública conlleva penas que van de dos a seis años de prisión efectiva, en caso de que se compruebe su responsabilidad.