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Chimbas: sin votos para insistir, se aplica el veto y rige el Presupuesto 2025
Tras el veto total de la propia intendente Rodríguez, Chimbas aplicará el Presupuesto 2025 para este año. El oficialismo del Concejo Deliberante no logró los votos para insistir con la modificación presupuestaria.
El conflicto político e institucional por el Presupuesto 2026 de Chimbas tuvo su definición a partir de una decisión clave. El concejal del ala giojista Luciano Cano resolvió mantener su abstención y, con ese posicionamiento confirmado a DIARIO HUARPE, el oficialismo del Concejo Deliberante quedó sin los dos tercios necesarios para avanzar con un proyecto de insistencia que buscaba ratificar la versión del presupuesto modificada por el propio cuerpo legislativo.
La postura de Cano era el dato que todos esperaban en el escenario político chimbero. Su definición terminó de sellar el destino del intento del Concejo por insistir con la ordenanza sancionada en diciembre, luego de que la intendenta Daniela Rodríguez vetara en forma total el Presupuesto 2026 el pasado 14 de enero. Con los números caídos, el veto quedó firme y el municipio continuará funcionando durante este año con el Presupuesto 2025.
En diálogo con DIARIO HUARPE, el concejal confirmó que sostendrá su abstención. “No estoy a favor ni del veto ni de la modificación del presupuesto que se votó en el Concejo”, afirmó, al explicar su posición frente a un conflicto que dejó expuestas tensiones internas dentro del peronismo chimbero.
El edil también cuestionó algunos criterios de asignación de recursos del proyecto original enviado por el Ejecutivo municipal. Según señaló, en el presupuesto de la intendente se destinaban más fondos al equipo de ciclismo y a publicidad que a la asistencia para catástrofes, y precisó que esa partida rondaría los $165 millones. Esa mirada crítica fue uno de los argumentos que lo llevaron a no acompañar ninguna de las dos posiciones en disputa.
La discusión ya no giraba en torno al veto en sí, que había sido formalizado semanas atrás por el Ejecutivo municipal, sino sobre la posibilidad de que el cuerpo legislativo lograra insistir con la ordenanza que incluía cambios sustanciales al proyecto original enviado por Rodríguez. Para que esa insistencia prosperara, el reglamento exigía el acompañamiento de los dos tercios de los concejales, una mayoría especial que finalmente no se alcanzó.
El escenario comenzó a definirse cuando la concejal de La Libertad Avanza recibió una bajada de línea partidaria para no acompañar la iniciativa. Esa decisión debilitó el esquema de votos que el oficialismo del Concejo consideraba suficiente para avanzar con la insistencia y dejó el resultado en una situación de extrema fragilidad política.
Los números del Concejo y el origen del conflicto
La reforma al presupuesto del Ejecutivo había sido aprobada en diciembre con el acompañamiento de los concejales identificados con el sector gramajista: Ariel Rivero, presidente del Concejo Deliberante; Noelia Tortarolo; Augusto Neyra; Ivana Cortéz y Leonela Yúdica. A ellos se sumaron Eduardo Rodríguez, del PRO dentro de Cambia San Juan, y la edil de La Libertad Avanza, Griselda Chávez. En total fueron siete votos, lo que representó en ese momento las dos terceras partes del Legislativo municipal y permitió sancionar la versión modificada del Presupuesto 2026.
En aquella sesión, el orreguista Eduardo Núñez, de Cambia San Juan, y María Arredondo, integrante del oficialismo municipal alineada con la intendenta Rodríguez, votaron en contra. Luciano Cano, en tanto, se abstuvo, una postura que ya entonces anticipaba el rol determinante que terminaría jugando en la definición posterior.
Uno de los puntos más cuestionados por el Ejecutivo fue el impacto financiero de las modificaciones introducidas por el Concejo. Según expuso la intendenta, la ordenanza sancionada incrementaba de manera significativa los recursos destinados al propio cuerpo legislativo, que pasaban de representar cerca del 3% del presupuesto municipal a más del 11%, lo que en términos absolutos equivalía a alrededor de $4.000 millones para el funcionamiento del Concejo Deliberante.
Desde el Ejecutivo se advirtió que ese aumento obligaba a recortar partidas de áreas operativas del municipio, afectando la capacidad de gestión, el pago de salarios, bonificaciones y la prestación de servicios esenciales. Además, se cuestionó la creación de cargos y estructuras administrativas que, según Rodríguez, configuraban un esquema de funcionamiento paralelo al del Ejecutivo municipal.
El trasfondo del conflicto se remonta a la sesión de diciembre, cuando el Concejo Deliberante aprobó modificaciones al Presupuesto 2026 que alteraron de manera significativa la estructura general del gasto municipal. Desde el Ejecutivo, Rodríguez sostuvo que el cuerpo legislativo excedió sus atribuciones al redefinir partidas y modificar el proyecto original, una potestad que, según la interpretación oficial, corresponde al Departamento Ejecutivo.
Con la caída del proyecto de insistencia, el veto presentado el 14 de enero quedó firme y el municipio de Chimbas deberá ejecutar durante este año el Presupuesto 2025, con las limitaciones y adecuaciones que eso implica en un contexto económico complejo. Aunque el capítulo institucional quedó cerrado en términos formales, el episodio dejó al descubierto una interna política profunda que seguirá marcando la dinámica del poder local en los próximos meses.