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Condenan a cinco brasileños por lavar dinero del Comando Vermelho desde Buenos Aires
El Tribunal Oral Federal N° 7 sentenció a cinco integrantes de una red que blanqueaba fondos del Comando Vermelho operando desde Argentina. Los líderes siguen prófugos y el grupo manejó más de 520 millones de dólares.
POR REDACCIÓN
El Tribunal Oral Federal N° 7 dictó condenas en suspenso a cinco ciudadanos brasileños vinculados al lavado de dinero para la organización criminal Comando Vermelho, quienes operaban desde la Ciudad de Buenos Aires. Estas penas se establecieron tras un juicio abreviado en el que los imputados admitieron su culpabilidad, recuperando así la libertad.
Los condenados son Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira y Selma De Lima Muniz Barbosa. Hace dos semanas, otros tres cómplices -Hai Ma, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora- recibieron sentencias similares bajo las mismas condiciones.
La investigación, iniciada por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), reveló que la red operó desde el 21 de octubre de 2015 hasta el 7 de septiembre de 2023, con el fin de dar apariencia legal a activos provenientes de narcotráfico, estafas y evasión fiscal. El fiscal Diego Velasco calculó que la organización manejó al menos 520.531.997 dólares, principalmente convertidos en criptomonedas.
Los líderes del grupo, Marcelo Clayton Alves De Sousa y Hang Wang, permanecen prófugos desde el 6 de septiembre de 2023. Alves De Sousa residía en una mansión en el barrio La Isla, Nordelta, donde la Policía Federal realizó allanamientos. Ambos son buscados también por la justicia brasileña por maniobras similares.
El mecanismo de blanqueo se basaba en diversas operaciones financieras y económicas. Los imputados recibían dinero de las actividades ilícitas del Comando Vermelho para luego invertirlo en criptoactivos o depositarlo en cuentas a nombre de Alves De Sousa. Se detectó además el uso de testaferros, fragmentación de depósitos y simulación de compras para ocultar el origen del dinero.
El juez Germán Castelli, firmante de la sentencia, explicó que los cinco condenados tuvieron un rol “ejecutivo” dentro de la cadena delictiva, distinto del liderazgo estratégico de Alves De Sousa y Wang, quienes controlaban la planificación y dirección del blanqueo mediante empresas fachada y oficinas en el centro porteño.
Cada uno de los condenados deberá afrontar multas que en conjunto suman 2.340 millones de pesos. Por ejemplo, Felipe Gabriel Correia Goncalves pagará 720 millones, mientras que Eliamar Das Dores De Melo y los hermanos Cardoso De Oliveira deberán abonar 480 millones cada uno, y Selma De Lima Muniz Barbosa 180 millones.
Además, se dispuso el decomiso de bienes vinculados a la causa, incluyendo más de 16 millones de pesos, casi 120 mil dólares, 8 mil reales, fondos congelados en billeteras virtuales y vehículos adquiridos con dinero ilícito.
En detalle, Felipe Gabriel Correia Goncalves fue la persona de confianza de Alves De Sousa y manejó grandes sumas a través de bancos y la plataforma Mercado Libre. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, recibió y convirtió activos virtuales por valor de 69.517 dólares, continuando su actividad incluso tras los allanamientos.
Eliamar Das Dores De Melo, empleada cercana a Alves De Sousa, manejó fondos con acreditaciones inusuales por más de 271 millones de pesos en efectivo, con los que adquirió un vehículo Ford Focus. Los hermanos Thiago y Wilson Cardoso De Oliveira administraron activos digitales y compraron vehículos sin justificar el origen de los recursos. Selma De Lima Muniz Barbosa abrió productos bancarios para operar capitales ilícitos y realizó numerosos depósitos fraccionados a lo largo de varias provincias argentinas.
Este caso se destaca por la complejidad y la magnitud de la red que blanqueó dinero para una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, con un entramado que utilizó tanto canales formales como informales, incluidos activos virtuales, para ocultar el origen ilícito de los fondos.