Concejales piden al Tribunal de Cuentas que intervenga por la deuda con Decsa

Cuatro concejales de la oposición de Caucete, Ramiro Fernández, Franco Buffagni, Pedro Gómez y Emanuel Castro, presentaron una “nota de suma gravedad” ante el Tribunal de Cuentas de San Juan. El objetivo es alertar y solicitar la intervención del organismo de control por una deuda millonaria que la municipalidad mantiene con la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (Decsa). La misiva, fechada en julio de 2025 y recibida el 10 de julio, busca salvaguardar el patrimonio y las finanzas públicas municipales ante un conflicto que se arrastra desde hace meses, explicaron.

La deuda en cuestión, generada entre diciembre de 2022 y enero de 2025, ya fue confirmada y cuantificada por una Resolución del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que la fijó en aproximadamente $565 millones. Este monto, sin embargo, es parte de una controversia mayor donde la intendenta Romina Rosas denunció públicamente una sobrefacturación por parte de Decsa, alegando que la empresa le cobraba al municipio tres veces más de lo realmente consumido.

La iniciativa de los concejales se enmarca en un prolongado y complejo conflicto entre la Municipalidad de Caucete y Decsa. La raíz del problema, según el EPRE, reside en la falta de medición del consumo en muchas lámparas del alumbrado público, lo que obliga a estimar el consumo y se convierte en una “fuente de permanente conflicto”. Ante esta situación, el EPRE realizó una auditoría exhaustiva aplicando el criterio de “indubio pro usuario” (en caso de duda, a favor del municipio), y desestimó informes previos de ambas partes por falencias.

La intendenta Romina Rosas en sus declaraciones citó una auditoría de consumo del EPRE que indicaba que, entre abril de 2023 y abril de 2024, Decsa facturó 530.000 kW, mientras que las mediciones reales del municipio arrojaban un consumo de solo 130.000 kW. Además, Rosas señaló la incongruencia de las cifras de consumo de Decsa, que sugerirían una población de 100.000 habitantes para Caucete, cuando el censo oficial indica que el departamento no supera los 45.000. La jefa comunal también denunció que Decsa no habría computado pagos de usuarios en cuotas ni transferido los fondos recaudados por el Cargo Único Municipal (CUM), calificando la situación de “inadmisible”.

A pesar de que el EPRE ya estableció el monto de la deuda, Rosas manifestó su desconocimiento de la deuda de $550 millones (cifra cercana a la fijada por el EPRE) y anunció que llevará el conflicto a la Justicia para que se “revea el valor de esa deuda”. Esta postura fue calificada por el concejal Emanuel Castro como un acto de irresponsabilidad, argumentando que el EPRE, como organismo competente, ya desestimó la auditoría propia que la intendenta intentó presentar.

Los concejales opositores consideran que esta situación afecta gravemente el patrimonio y las finanzas públicas municipales. El concejal Emanuel Castro, quien había anticipado que pondrían al Tribunal de Cuentas en conocimiento de la situación del ejercicio 2024 basándose en un informe del Ministerio de Hacienda y Finanzas, enfatizó que “esta deuda no es de Romina Rosas con Decsa, es de todos los cauceteros con la empresa”, subrayando la urgencia de encontrar respuestas y responsables.

Ahora, con la intervención formal del Tribunal de Cuentas, se abre un nuevo capítulo en esta disputa que busca esclarecer las responsabilidades y proteger los recursos de los ciudadanos de Caucete. El organismo deberá investigar la gestión de esta deuda, las causas de su acumulación y las responsabilidades de las partes involucradas, en un escenario donde la transparencia y el correcto manejo de los fondos públicos son la principal demanda de la oposición.