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Crisis hídrica y tensión: la Iglesia de San Juan pidió frenar la Ley de Glaciares
La Iglesia de San Juan advirtió riesgos para las fuentes de agua y reclamó discusión científica y federal antes de avanzar con la Ley de Glaciares.
POR REDACCIÓN
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares volvió a generar repercusiones en distintas provincias y sectores sociales durante la jornada de este jueves 26 de febrero, mientras el Senado avanzaba con su tratamiento en el Congreso. En ese contexto, la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de San Juan manifestó su rechazo a las modificaciones impulsadas y alertó sobre posibles consecuencias para la protección del agua en una provincia atravesada por la crisis hídrica y la sequía.
El posicionamiento fue difundido por su presidente, Germán Grosso, en adhesión a un pronunciamiento de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina. “El cuidado de los glaciares resulta prioritario porque son una fuente esencial de agua dulce, especialmente en territorios como San Juan, donde la escasez hídrica constituye un problema estructural que afecta a la producción y a la vida cotidiana”, expresó.
Desde el organismo señalaron que la preocupación central radica en la revisión de los estándares mínimos de protección ambiental establecidos por la normativa vigente. Según indicaron, el proyecto en debate introduce cambios que podrían alterar el alcance de esas garantías y modificar el esquema de regulación. “Una vez que se han alcanzado determinados niveles de protección ambiental, el principio general es no retroceder, ya que se trata de derechos vinculados directamente con el ambiente y la calidad de vida”, explicó Grosso en radio Sarmiento.
Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de que la reforma delegue mayores facultades regulatorias en las provincias, lo que, según advirtieron, podría generar diferencias en los criterios de aplicación. “La legislación actual establece parámetros mínimos uniformes para todo el país, y cualquier modificación que deje esas definiciones en manos de cada jurisdicción podría producir desequilibrios en la protección de los glaciares y del sistema hídrico”, sostuvo.
Además, la Comisión planteó la necesidad de ampliar el proceso de discusión antes de avanzar con la aprobación. Desde la entidad consideraron que el tratamiento legislativo debería incorporar con mayor profundidad la participación de la comunidad científica, el ámbito académico y las poblaciones potencialmente afectadas. “Entendemos que este tema requiere un debate más amplio y verdaderamente federal, con instancias de consulta técnica que permitan evaluar los impactos de manera responsable”, afirmó.
En esa línea, remarcaron la importancia de aplicar el principio precautorio ante posibles riesgos ambientales. “Cuando existen incertidumbres sobre los efectos de una modificación normativa en recursos estratégicos como el agua, lo prudente es priorizar la prevención y no avanzar hasta contar con consensos y estudios suficientes”, señaló el referente.
Finalmente, desde la organización subrayaron que la discusión trasciende el plano técnico o productivo y se vincula con derechos básicos de la población. “El acceso al agua potable es una condición indispensable para el ejercicio del derecho a la vida y de todos los demás derechos fundamentales, por lo que su preservación debe ser una prioridad en cualquier decisión legislativa”, concluyó.