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El MPF y Fiscalía de Estado enfrentados por caso de amenaza bomba en Rawson
Un caso por amenaza de bomba derivó en un enfrentamiento entre el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado. El conflicto gira en torno a la representación del Estado y a la calificación del delito.
Por Giuliana Díaz
Un caso de amenaza a una escuela en San Juan derivó en un cruce institucional entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Fiscalía de Estado. El conflicto surgió luego de que esta última fuera aceptada como querellante en la causa de Axel Muñoz, quien habría realizado tres llamados amenazantes en días consecutivos a la Escuela Ejército de los Andes, en Rawson.
El fiscal Alejandro Mattar, a cargo de la investigación, explicó a DIARIO HUARPE que la jueza resolvió otorgar la participación de la Fiscalía de Estado como parte querellante, aunque aclaró que esa decisión puede ser apelada. “Entendemos que en este tipo de delitos Fiscalía de Estado no debe participar, porque se superponen dos organismos estatales que cumplirían la misma función dentro del proceso”, señaló.
El conflicto se originó porque, al momento de la audiencia de formalización al joven, no se notificó a la Fiscalía de Estado, que representa los intereses del Gobierno provincial. Luego, este organismo pidió intervenir para reclamar los costos del operativo desplegado tras las amenazas. El juez aceptó el pedido y le otorgó participación, lo que generó malestar en el MPF. Desde la UFI Genérica sostienen que los intereses ya están representados por los fiscales judiciales y que su intervención implicaría una superposición de funciones.
En este sentido, Mattar indicó que el MPF evaluará si apela la decisión. “Se va a estudiar, hay que ver los fundamentos y de acuerdo a eso resolveremos. Es una causa que está en trámite. Este martes hay una audiencia para disponer sobre la continuidad o no de la prisión preventiva del imputado”, detalló. Además, confirmó que se investigan tres hechos de amenaza y que “las llamadas fueron hechas desde un mismo lugar y con un mismo teléfono celular”.
Este enfrentamiento ya había tenido un antecedente reciente con el caso de Juan Carlos Salem, condenado a tres años de prisión en suspenso por una amenaza de bomba antes de un recital de Lali Espósito.
En aquel hecho, la Fiscalía de Estado apeló la sentencia al considerar que la pena fue leve frente al operativo de seguridad desplegado. “Apelamos el acuerdo porque entendemos que la pena debió ser más severa. Las pruebas justificaban una condena de cumplimiento efectivo”, sostuvo el fiscal de Estado, Sebastián Dávila.
El eje del conflicto sigue siendo el mismo: definir si las amenazas deben ser encuadradas en un tipo penal más grave y si la Fiscalía de Estado puede actuar como querellante en causas donde ya interviene el Ministerio Público Fiscal en representación del Estado.