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Empresas proveedoras de notebooks reclaman deuda por más de u$s50 millones a Nación
Mientras el Gobierno proyecta un superávit fiscal de 1,5% del PBI para 2026, empresarios del sector tecnológico advierten que el ordenamiento de las cuentas públicas se sostiene a costa de postergar obligaciones.
POR REDACCIÓN
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno ratifica la meta de superávit fiscal para el año entrante, con un 1,5% del PBI en el resultado primario y 0,3% en el financiero. Sin embargo, el sector privado comienza a marcar los costos de ese ordenamiento.
La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), que reúne a 2.200 pymes, advierte por atrasos de más de 18 meses en los pagos del programa Conectar Igualdad. Según el documento que preparó para el Ministerio de Capital Humano, las deudas “han generado un severo impacto financiero en las empresas adjudicatarias”, en su mayoría pequeñas y medianas.
El reclamo refiere a la licitación pública 82-0137-LPU21, adjudicada en 2022 para la compra de 1.020.000 notebooks educativas por un total de u$s389 millones. Entre las firmas contratadas figuran Informática Fueguina, Newsan, AGEN, PC Arts, Coradir, EXO, Grupo Núcleo, Novatech y AIR SRL. De acuerdo a fuentes privadas, el monto impago supera los u$s50 millones, sin incluir a Newsan.
Los empresarios aseguran que, pese a las entregas parciales acordadas en 2024, el flujo de pagos no se cumplió y hoy enfrentan compromisos incumplidos con proveedores internacionales. “En estas licitaciones casi todos los insumos están dolarizados. Si no hay pago, el riesgo es inmediato para toda la cadena de valor”, explicó un industrial.
Desde el Ministerio de Capital Humano admiten que el tema está bajo análisis, aunque no brindaron precisiones sobre plazos. Por su parte, CADIEEL resolvió postergar el envío formal de la nota a la ministra Sandra Pettovello y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con el objetivo de mantener el diálogo abierto.
A la par, el gremio docente CTERA denuncia que el programa Conectar Igualdad atraviesa un desfinanciamiento casi total: se redujo en un 80% su ejecución presupuestaria y más de 3.000 escuelas siguen sin conectividad. Ante la falta de continuidad nacional, provincias como Buenos Aires lanzaron iniciativas propias, aunque con alcance limitado a los últimos años de la secundaria.