Las consecuencias silenciosas del ausentismo escolar

Sin lugar a dudas, el dato relevado por el informe de Argentinos por la Educación a cargo de Cecilia Veleda nos obliga a replantear una discusión que lleva años sin solución. Años atrás la pregunta giraba en torno a la cantidad de días de clase que las instituciones debían garantizar. Sin embargo, hoy el problema es otro: cuántos días de clase realmente se cumplen.

La evidencia en este campo es clara y unívoca: más tiempo efectivo en la escuela implica mejores aprendizajes. Pero para que ese tiempo sea verdaderamente efectivo, no sólo se necesita la presencia de los estudiantes y los docentes, sino también la aplicación planificada del tiempo de clases. Una vez que se logra aumentar el tiempo efectivo, la literatura indica que los resultados mejoran incluso sin tener en cuenta otras variantes.

En Argentina, el ausentismo es reconocido mayoritariamente por las autoridades educativas como un problema central en el sistema actual. Esto es así dado que la cadena causal es simple: menos tiempo efectivo en las aulas implica un peor resultado educativo, lo que lleva a una drástica disminución de las oportunidades futuras. Esta es una realidad difícil de negar, especialmente cuando se cumplen solo 155 días de un total de 180.

Ahora bien, si la relación causal entre el ausentismo y la falta de oportunidades es tan evidente, ¿por qué no se corrige? La realidad educativa de nuestro país luego de la reforma constitucional de 1994 es una realidad fragmentada en 24 jurisdicciones, con responsabilidades difusas, tiempos y prioridades divergentes y sin mecanismos de coordinación realmente efectivos.

En teoría, existe un ámbito diseñado para coordinar estas políticas: el  Consejo Federal de Educación. Allí, las provincias y Nación acuerdan, en principio, lineamientos comunes para regir el sistema educativo. Sin embargo, aún cuando los acuerdos se alcanzan, resta por resolver el problema del cumplimiento. Esta es, entre otras, una de las razones por las que no existen datos sistemáticos y confiables a nivel nacional sobre ausentismo, aunque la realidad es que prácticamente no existen datos sobre ningún indicador relevante. Nuevamente nos encontramos ante un problema de coordinación, ya que en la práctica el sistema educativo argentino no funciona como está diseñado. Por tal motivo, la respuesta a esta pregunta que planteamos está, o debería estar, en la política

¿Qué rol puede desempeñar el gobierno nacional en pos de atacar esta problemática? ¿Existe algún mecanismo real para sentar a las provincias a debatir y aplicar las decisiones alcanzadas? 

Frente a un escenario con actores e intereses divergentes, como el que actualmente encontramos en Argentina, cualquier intento de solución enfrenta una tensión clara, ya que debe proponer una intervención sin romper la lógica federal del sistema educativo. Sin embargo, es posible implementar sistemas de medición que, como primer resultado, generen datos claros y confiables para lograr una identificación temprana y correcta del problema. En particular, podríamos pensar en un sistema nacional con datos nominales y estándares comunes para todas las provincias. Desde luego, esto no implicaría volver a tiempos en los que la educación estaba centralizada en la Nación, sino brindar herramientas que permitan la unificación de los esfuerzos realizados entre las provincias para mejorar la situación educativa.  

Una condición fundamental para optimizar el tiempo escolar desde la política educativa es contar con información confiable, oportuna y sistemática. En Argentina, esta condición no está plenamente satisfecha, y la ausencia de sistemas de información robustos constituye una limitación estructural para la gestión del tiempo escolar. Sin datos continuos, nominales y comparables sobre asistencia y tiempo efectivo de clase, resulta difícil dimensionar el problema y reorganizar el sistema de financiamiento con el objetivo de volverlo más equitativo. En este contexto, fortalecer los sistemas de información educativa no es algo accesorio, sino una condición necesaria para mejorar la gestión del tiempo escolar, la distribución de recursos, orientar la toma de decisiones y sostener políticas efectivas en el largo plazo, especialmente cuando estas pretenden beneficiar a las futuras generaciones.