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Orrego rechazó el reclamo riojano por Josemaría
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, desestimó las acusaciones de Ricardo Quintela, quien busca reabrir la disputa territorial por la mina Josemaría.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, respondió a las declaraciones de su par riojano, Ricardo Quintela, quien anunció que pretende reabrir el histórico conflicto limítrofe entre ambas provincias por el control de la mina Josemaría, uno de los yacimientos de cobre y oro más relevantes del país.
El mandatario sanjuanino fue categórico al rechazar el planteo. Sostuvo a DIARIO HUARPE que el reclamo “carece absolutamente de fundamento” y recordó que “la cuestión fue resuelta hace muchos años mediante un acuerdo formal entre los gobiernos provinciales, ratificado luego por una ley del Congreso Nacional”. Según Orrego, “no existe ninguna duda jurídica ni administrativa respecto a la pertenencia de ese territorio a la provincia de San Juan”.
Las declaraciones se produjeron luego de que Quintela acusara a San Juan de una supuesta “sustracción ilegal” de territorio. El gobernador riojano sostiene que el convenio firmado entre los exgobernadores Carlos Enrique Gómez Centurión (San Juan) y Guillermo Domingo Iribarren (La Rioja) habría despojado a su provincia de una parte del yacimiento cordillerano.
En una entrevista brindada, Quintela advirtió: “La mina más importante que tiene el país es Josemaría, que está en el límite con Argentina y que otrora fue riojana”. Además, señaló que el territorio fue cedido mediante un “convenio ilegítimo e ilegal” y adelantó que “esto hay que discutirlo, y lo vamos a discutir posiblemente el próximo año”.
Desde el entorno de Orrego se busca llevar tranquilidad institucional. El gobernador remarcó que “San Juan siempre actuó dentro del marco de la ley y con absoluto respeto por los límites establecidos”, al tiempo que consideró que “no es conveniente reabrir un tema que ya fue jurídicamente resuelto y que solo genera incertidumbre en torno a un proyecto estratégico para el país”.
La controversia, de avanzar en el plano judicial, podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que se trata de un diferendo limítrofe entre provincias. El proyecto minero, valuado en miles de millones de dólares, proyecta emplear a 4.000 trabajadores durante su construcción y a 1.200 de forma permanente, lo que incrementa el interés político y económico en torno al reclamo.