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Un juez anuló el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El fallo surgió tras el amparo presentado por los padres de dos niños con autismo y sostiene que los derechos de este colectivo prevalecen frente a las restricciones presupuestarias. El Gobierno aún puede apelar la decisión.
POR REDACCIÓN
El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El fallo, firmado por el juez Adrián González Charvay, se conoció este lunes y sostiene que “el derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias”, al resolver un amparo presentado por los padres de dos chicos con autismo.
La resolución judicial consideró inconstitucional la medida del Ejecutivo y cuestionó que el ajuste fiscal se haya impuesto por encima de la protección de derechos fundamentales. “Antes que el equilibrio fiscal, la prioridad debe ser salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad”, subrayó el magistrado en su dictamen.
El caso que originó el fallo expuso la situación de dos familias cuyos hijos, con diagnóstico de trastorno del espectro autista, habían quedado sin cobertura adecuada para sus tratamientos. Según el testimonio de uno de los padres, las instituciones educativas advirtieron que el recorte del Gobierno nacional generó dificultades económicas, con bajos aranceles para los profesionales a cargo y limitaciones en los servicios de transporte.
El fallo abre la posibilidad de que muchas otras familias afectadas por los recortes presenten acciones similares en la Justicia. Sin embargo, al tratarse de una decisión de primera instancia, el Gobierno nacional todavía puede apelar y llevar el caso a instancias superiores.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en el Congreso y luego vetada por Milei, busca ampliar el acceso a pensiones no contributivas para quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida podría alcanzar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, con un costo fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
La norma también prevé aumentos vinculados a la inflación para los profesionales del sector y un bono de $100.000 para compensar la pérdida de poder adquisitivo, financiado con partidas de la Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI y el Programa Incluir Salud. En total, el impacto presupuestario estimado es de apenas el 0,03% del PBI, mientras que los fondos para talleres protegidos representarían un 0,0008%.