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El Gobierno obtuvo media sanción al Presupuesto 2026 en Diputados
Tras una maratónica y agitada sesión, la Cámara baja dio luz verde al proyecto de gastos del Ejecutivo y a la "Ley del Colchón". Sin embargo, en un voto ajustado y tras una polémica maniobra de último momento, el oficialismo no logró los votos para eliminar la financiación protegida de sectores sensibles, evidenciando la fragilidad de su coalición.
POR REDACCIÓN
En las primeras horas del jueves 18 de diciembre, la Cámara de Diputados le otorgó media sanción al Presupuesto Nacional 2026 y al proyecto de Inocencia Fiscal (conocido como “dólares del colchón”), dos pilares de la agenda económica del Gobierno nacional. Sin embargo, la jornada legislativa, marcada por negociaciones frenéticas y maniobras políticas de último momento, culminó con un duro revés para el oficialismo: el rechazo al artículo que buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.
El proyecto, que sería el primer presupuesto de la gestión del presidente Javier Milei tras dos años de prórrogas, ahora será girado al Senado, donde La Libertad Avanza intentará revertir esta derrota.
Una coalición amplia pero frágil
Para lograr la aprobación en general, el oficialismo contó con un amplio arco de aliados que incluyó al PRO, la UCR, el MID, peronistas disidentes de distintas provincias (como Elijo Catamarca e Independencia de Tucumán), Innovación Federal y otros bloques provinciales. La formación del quórum inicial contó con un rol clave de Provincias Unidas, cuyo apoyo fue decisivo para dar inicio a la sesión.
No obstante, esta coalición mostró sus fisuras al momento de la votación en particular. El artículo 75, que derogaba las leyes de discapacidad y universidades, se convirtió en el punto crítico. Varios aliados, incluyendo diputados de Elijo Catamarca, Independencia, Innovación Federal, La Neuquinidad y la totalidad de Provincias Unidas, se desmarcaron y votaron en contra. La UCR también mostró divisiones internas.
La polémica por el artículo 75 y una maniobra fallida
El debate se centró en la estrategia del oficialismo para proteger este artículo. Al inicio de la sesión, impulsó que la votación en particular se realizara por títulos enteros (que agrupan múltiples artículos), en lugar de artículo por artículo. Esto buscaba evitar que los aliados pudieran votar selectivamente en contra del polémico artículo 75, al tener que aprobar o rechazar bloques más amplios.
La oposición protestó enérgicamente, acusando al oficialismo de buscar un tratamiento “a los empujones”. A pesar de los reclamos, la moción oficialista se aprobó con el apoyo de sus aliados.
Sin embargo, la tensión escaló horas más tarde. Minutos antes de la votación del Capítulo 11 (que contenía el artículo 75), el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch anunció que se incluirían en ese mismo capítulo dos agregados de última hora: los fondos por coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (una demanda clave del PRO) y un aumento de $21.000 millones para el Poder Judicial.
La maniobra fue interpretada como un intento de presionar a diputados aliados indecisos, vinculando financiamiento crucial con la derogación de las leyes sociales. El líder del PRO, Cristian Ritondo, mostró su molestia, afirmando que esos temas nada tenían que ver con ese capítulo. Desde la oposición, Germán Martínez (Fuerza Patria) fue más duro: denunció que era un intento de “chantaje” para que ningún juez cuestione la votación.
La estrategia, sin embargo, fracasó. Cuando se votó el Capítulo 11 en su conjunto, la suma de los votos opositores y de los aliados desertores dio como resultado su rechazo: 123 votos en contra, 117 a favor. Así, no solo se preservaron las leyes de discapacidad y universidades, sino que también cayeron los fondos para CABA y el Poder Judicial incluidos en esa maniobra.
Las proyecciones económicas y el debate de fondo
El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 para diciembre del año próximo. El Gobierno anticipa un superávit primario del 1,5% y deroga las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa.
Durante el debate, el oficialismo defendió el proyecto como un paso esencial para el orden fiscal. “Es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”, argumentó Benegas Lynch, sosteniendo que bajar el gasto estatal es una forma de “contención social”.
La oposición, en cambio, criticó severamente las estimaciones por poco realistas y al proyecto por ajustador. “Van a votar un presupuesto que, además de injusto, es ilusorio y ficticio”, afirmó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Agustín Rossi, desde el peronismo, cuestionó: “¿Cómo van a hacer para reactivar el consumo? ¿O van a seguir deprimiendo el consumo?”.
Designaciones en la AGN y malestar opositor
Tras la aprobación del Presupuesto, se vivió un episodio de alta tensión. El oficialismo impulsó la designación de tres auditores para la Auditoría General de la Nación (AGN). Ante lo que se interpretó como un “acuerdo” entre el Gobierno, el peronismo y gobernadores del norte, los bloques de PRO, UCR y Provincias Unidas abandonaron el recinto en señal de protesta. Las designaciones se concretaron con los votos presentes.
Camino al Senado
El traspié en Diputados deja al oficialismo con un sabor agridulce y abre varios interrogantes sobre la estrategia legislativa de los próximos meses. Un referente libertario consultado señaló que la instancia de revisión en el Senado será clave para intentar modificar el texto y luego devolverlo a la Cámara baja.