Tarifa social: Diputados de San Juan impulsan ley para clubes

La creciente tensión entre el Gobierno Nacional y las organizaciones de la sociedad civil ha llevado a legisladores nacionales a impulsar un proyecto de ley clave para los clubes de barrio y de pueblo. La iniciativa busca garantizar el acceso irrestricto a la tarifa social básica de servicios públicos, blindando a estas instituciones de lo que sus promotores califican como “estrategias del Poder Ejecutivo Nacional que dificultan el acceso a beneficios sociales vitales”.

El proyecto, impulsado por los diputados sanjuaninos Jorge Chica, Fabiola Aubone y Walberto Allende, propone una modificación directa al artículo 16 de la Ley N° 27.098, conocida como “Régimen de promoción de los clubes de barrio y de pueblo”. La esencia de la reforma radica en establecer que la mera inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo será el único requisito para acceder a la tarifa social, impidiendo que la autoridad de aplicación “no pueda exigir otro requisito que dicha inscripción”.

Esta medida es una respuesta directa a acciones recientes del Ejecutivo, como la Resolución N° 276/2025 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. Según los fundamentos del proyecto de ley, esta resolución añade una condición para acceder a los subsidios energéticos: los clubes, además de estar inscriptos en el Registro Nacional de Clubes, deben figurar en un “Registro de Beneficiarios - Clubes de Barrio Res. SE 992/21”, con criterios complementarios que pueden ser establecidos por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.

La polémica resolución va más allá, facultando a esta subsecretaría a ordenar reempadronamientos, exigir nueva documentación y, en casos de información “manifiestamente falsa”, no solo excluir del beneficio sino también ordenar la facturación retroactiva de todos los importes “incorrectamente bonificados, con más sus intereses moratorios y punitorios”. Esta última cláusula es denunciada por los legisladores como una contradicción con el principio de irretroactividad de la ley.

Los fundamentos del proyecto de ley enfatizan el rol fundamental de los clubes en la sociedad. Son “formadores integrales, no sólo de habilidades físicas, sino también cognitivas, de socialización” y promueven valores esenciales. Se destaca que estas instituciones, que “le dan identidad al barrio o a la región”, dependen mayormente de las cuotas de socios y subsidios, y que las tarifas regulares de energía, gas y agua representan una “carga económica adicional” insostenible.

Los legisladores no escatiman en acusaciones, señalando que el Ejecutivo busca “destruir lo que funciona” y modificar o eliminar con normas de menor jerarquía “beneficios establecidos por un Ley Nacional”, haciendo uso de facultades delegadas por el Congreso. Ante esta situación, solicitan la urgente aprobación del proyecto para proteger a los clubes como “uno de los eslabones más importantes de la estructura de nuestra sociedad”.