El bufete británico Pogust Goodhead presentó una demanda en Londres por 1.300 millones de libras contra las mineras, a las que acusa de inducir el incumplimiento de contrato y actuar en complicidad para debilitar las acciones internacionales de las víctimas del mayor desastre ambiental de Brasil.

Mientras el Gobierno de Alfredo Cornejo defendía su legalidad, en el casco urbano de Uspallata, más de 2.000 personas realizaron una audiencia paralela. Acusaciones de montaje, exclusión y represión marcaron el inicio de la nueva era minera en Mendoza.

El juicio contra la minera anglo-australiana BHP por el colapso de la presa de Samarco, en Brasil, que causó la muerte de 19 personas y afectó a cientos de miles, está en su fase final. La sentencia se espera para las próximas semanas y en el sector minero de San Juan hay una gran expectativa por esta resolución.

El Gobierno nacional trabaja en un decreto que modificaría la Ley 26.639, generando polémica por la posible habilitación de actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares.

Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron liberados tras una audiencia en el Polo Judicial de Mendoza, mientras la causa se traslada a la Justicia Federal.

Este fin de semana salió el primer camión cargado con las cenizas tóxicas mineras camino a un relleno de seguridad ubicado en la provincia de Neuquén.

Del 22 al 24 de marzo, Famatina se convierte en el punto de encuentro de comunidades que resisten los proyectos extractivistas, compartiendo experiencias de lucha y reafirmando el compromiso con la protección del agua y los territorios.

DIARIO HUARPE tuvo acceso al dictamen final del 6º Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que se reunió en la Universidad de Toronto, Canadá, para analizar los impactos de la minería y las industrias extractivas en comunidades y ecosistemas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Serbia.

La medida responde a un pedido de las comunidades indígenas afectadas que denunciaron la falta de consulta previa. Este acto reconoce por primera vez de manera formal los derechos de las comunidades originarias, al tiempo que promueve la consulta previa como principio fundamental para la explotación de recursos naturales.