Política > En el Congreso
Allende, Aubone y Chica pidieron interpelar a funcionarios de Nación
Legisladores peronistas de San Juan presentaron un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete y otros funcionarios para que expliquen la desregulación del precio de las garrafas, que impacta en 20 millones de argentinos y genera alarma por la seguridad.
Por Marcos Ponce
En un contexto de ola polar y creciente demanda de gas envasado, la decisión del gobierno nacional de eliminar el precio de referencia de las garrafas mediante el Decreto Nº 446/2025 ha encendido las alarmas en el Congreso. Los diputados nacionales sanjuaninos del Partido Justicialista, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica, tomaron la iniciativa y presentaron un formal pedido de interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y a la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. El objetivo es que los funcionarios brinden explicaciones detalladas ante la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara Baja sobre los alcances y fundamentos de esta controvertida medida.
El foco de la preocupación radica en la derogación del artículo 34 de la Ley 26020, que regulaba el precio de referencia del GLP para uso domiciliario. Los legisladores peronistas señalan una flagrante "contradicción de términos" dentro del propio decreto: si bien establece como "objetivo esencial" asegurar el suministro "económico" a sectores vulnerables, al mismo tiempo "borra con el codo lo que escribe con la mano" al eliminar la única herramienta estatal que garantizaba un precio justo.
Según el Censo 2022, el 43% de los hogares argentinos —cerca de 20 millones de personas— dependen del gas envasado. Ante la eliminación de este mecanismo de protección, los diputados interpelantes plantean una pregunta contundente: "¿Cómo piensan cumplir con esos 20.000.000 millones de argentinas/os?".
Pero las inquietudes no se limitan al aspecto económico. La seguridad es otro eje central del reclamo. El proyecto de resolución expresa una profunda alarma por el artículo 17 del Decreto Nº 446/2025, que obliga a los comercializadores a recibir envases de cualquier marca u origen. Esta disposición, advierten los legisladores, podría propiciar la circulación de "garrafas de dudoso origen", poniendo en riesgo la integridad de los hogares. Los diputados cuestionan si los funcionarios "están conscientes del peligro potencial que están generando" y subrayan que "las garrafas tienen vencimiento, los cilindros metálicos NO pueden ser usados eternamente". La incertidumbre sobre qué organismo controlará la seguridad de los envases circulantes e importados es total.
Los fundamentos del pedido de interpelación denuncian una "insuficiencia o nulo control estatal" que impacta directamente en la previsibilidad de los costos para el consumidor y, lo que es más grave, en la seguridad de sus viviendas. Los legisladores sostienen que esta política "está violando derechos de los consumidores a recibir un producto de calidad con la seguridad y la tranquilidad" a un precio que, para muchos hogares, "no van a poder pagar". Califican la medida como "un error, de una insensibilidad absoluta" que ha puesto "en peligro a la población".
En este escenario, el Congreso busca una actuación "inmediata y coordinada" para defender los derechos de los usuarios y el interés público. La falta de transparencia por parte de las autoridades nacionales es un argumento clave para solicitar la comparecencia de los funcionarios ante la Comisión de Energía y Combustibles.