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Megacausa Expropiaciones: casi 8 años de cárcel para Graffigna
Luego de 15 años, este viernes se conoció el fallo histórico por el juicio de la Megacausa Expropiaciones que tuvo en vilo a toda la provincia de San Juan.
POR REDACCIÓN
Este viernes 4 de julio de 2025 se conoció la esperada sentencia en el juicio por la megacausa de expropiaciones, el proceso judicial más complejo y extenso de los últimos tiempos en San Juan, que involucra a exfuncionarios, jueces, fiscales, peritos y abogados acusados de defraudar al Estado mediante el pago de sobreprecios en terrenos expropiados.
La audiencia, desarrollada en el Concejo Deliberante de Capital, concluyó con la lectura de las condenas por parte del tribunal. Entre los principales implicados, el abogado Santiago Graffigna recibió una pena de siete años y ocho meses de prisión efectiva, de los cuales ya cumplió tres años en detención preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La condena fue por resultar autor material de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en ocho hechos en concurso real y tentativa de fraude en seis hechos y conjugado bajo las reglas del concurso ideal de la asociación ilícita en carácter de jefe organizador.
Además, se conocieron las siguientes condenas:
Horacio Alday, abogado: seis años de prisión por resultar coautor responsable del delito de fraude en siete hechos y tentativa de fraude en dos hechos, conjugado bajo las reglas del concurso ideal de la asociación ilícita en carácter de miembro.
Carlos Macchi, exjuez: cabe recordar que Macchi ya había sido separado de su cargo mediante un jury de enjuiciamiento. Fue condenado a seis años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo. Se le encontró partícipe principal de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos consumados y tres en grado de tentativa), autor responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como miembro de asociación ilícita. Además, se le impuso inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Ana María Melvin, perito oficial: logró jubilarse antes del inicio del juicio. Fue condenada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Se la consideró partícipe principal de fraude en perjuicio de la administración pública (siete hechos consumados y cuatro en grado de tentativa), autora responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como miembro de asociación ilícita. También se le impuso inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Mario Díaz, exfiscal de Estado: seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Se le consideró partícipe principal de fraude en perjuicio de la administración pública (seis hechos consumados y cuatro en grado de tentativa), autor responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como miembro de asociación ilícita. También se le impuso inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Néstor Adán Ruiz: fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Se le encontró partícipe principal de fraude en perjuicio de la administración pública (cinco hechos consumados y dos en grado de tentativa) y como miembro de asociación ilícita.
Víctor Hugo Bustos: tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Se le consideró partícipe principal de fraude en perjuicio de la administración pública (tres hechos) y como miembro de asociación ilícita.
José Moreno: tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Se le halló partícipe principal de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos consumados y dos en grado de tentativa), autor responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como miembro de asociación ilícita. Se le impuso también inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Juan Pablo Quiroga: fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Se le halló partícipe principal de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (tres hechos) y como miembro de asociación ilícita.
Julio César Fernández: absuelto
Adolfo Cravero: absuelto
Eduardo Olivera: absuelto
Ordenaron una junta médica para determinar el estado de salud física y psíquica de Fernando Videla y Pedro Ernesto Basani para establecer si están en condiciones de afrontar un juicio oral.
Por otro lado, el tribunal, compuesto por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, dispuso a los condenados Graffigna, Alday, Maqui, Melvin, Quiroga, Bustos, Ruiz, Moreno y Díaz la prohibición de salir de la provincia y del país hasta que la sentencia quede firme, debiendo entregar sus documentos de viaje y presentarse mensualmente ante la policía. Además rechazó los pedidos de autorización para salir del país y la provincia efectuados por Alday y Graffigna.
El tribunal ordenó también el decomiso del dinero proveniente del delito, mayoritariamente cobro de honorarios, fijado en la suma actualizada de $13.110.880,237,5. Esta suma deberá ser ajustada por organismos técnicos y depositada.
Por último, el tribunal de juicio resolvió mantener las medidas cautelares dispuestas durante la instrucción hasta la firmeza de la sentencia. Dispuso remitir las actuaciones a la "oficina conclusiva de causas del sistema mixto" para investigar la conducta de otros partícipes de los hechos juzgados y recomendó a Fiscalía de Estado a revisar casos similares en trámite para detectar irregularidades.
El escándalo judicial comenzó a gestarse en el año 2010, a partir de investigaciones que detectaron irregularidades en los montos pagados por terrenos expropiados en zonas clave como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y el Canal Benavídez. Se determinó que hubo una manipulación sistemática de tasaciones para inflar los valores y beneficiar a privados en detrimento del erario público.