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Desregularon los aranceles de las escuelas privadas: podrán fijar sus precios sin autorización
Mediante un decreto, se eliminó el requisito de autorización previa para la fijación de matrículas y cuotas, un mecanismo vigente desde 1993.
POR REDACCIÓN
A través de un decreto publicado este martes, el Poder Ejecutivo nacional dispuso la desregulación de los aranceles de las escuelas de gestión privada, poniendo fin a un sistema de control de precios que se mantenía vigente desde 1993. La medida permitirá a estas instituciones fijar el valor de sus matrículas y cuotas sin necesidad de solicitar autorización previa al Estado.
Mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó el Decreto 2417/1993, que durante más de treinta años reguló la relación económica entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada. La normativa eliminada establecía la obligatoriedad de que los colegios comunicaran con antelación los montos a cobrar y obtuvieran una autorización formal para cualquier modificación.
En los fundamentos de la medida, el oficialismo sostiene que el marco regulatorio anterior presentaba limitaciones que dificultaban la adaptación de las escuelas a las realidades educativas y económicas del país. Se argumenta que el sistema, instaurado en un contexto donde la administración educativa era centralizada, resultaba anacrónico tras la transferencia de competencias a las provincias.
La visión oficial indica que la intervención estatal en la fijación de aranceles ha generado efectos contraproducentes, afectando la viabilidad económica de los establecimientos. Según el decreto, la exigencia de informar y obtener autorización para modificar los precios limitaba la capacidad de los colegios de ajustar sus cuotas en función de los costos operativos y las fluctuaciones del mercado.
Asimismo, se afirma que este mecanismo de control perjudicaba a las familias, ya que los colegios, ante la incertidumbre regulatoria, tendían a establecer aranceles iniciales más elevados de lo necesario. Esto, según la argumentación gubernamental, limitaba la capacidad de elección de los padres y, en algunos casos, podía forzar el traslado de los estudiantes a otras instituciones.
El texto oficial también enfatiza el derecho de propiedad de los institutos privados y su libertad para fijar condiciones contractuales y salariales sin autorización estatal. Se advierte que la rigidez tarifaria impuesta podía derivar en una precarización de la calidad educativa, al impedir que los establecimientos respondieran con agilidad a variaciones en sus costos.
Como paso complementario, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para que revise las pautas del Decreto 2542/1991, norma fundamental del financiamiento de la educación privada, y eleve una propuesta de modificación. El objetivo declarado es avanzar hacia un esquema que resguarde la libre contratación y permita a las instituciones definir sus políticas de precios dentro de un marco de competencia leal.