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Detuvieron a jefes policiales por usar a presos y agentes como albañiles en una casa.
Acusaron a jefes policiales de utilizar presos y efectivos como mano de obra en una vivienda privada de El Cadillal. El jefe y subjefe de la Unidad Regional Norte fueron aprehendidos y dados de baja. La investigación judicial y la depuración administrativa continúan para determinar el alcance de los hechos.
POR REDACCIÓN
Una grave denuncia que involucra a altos mandos de la Policía de Tucumán generó un fuerte impacto institucional y motivado la apertura de sumarios y causas judiciales. El jefe y el subjefe de la Unidad Regional Norte fueron aprehendidos tras ser acusados de utilizar a personas privadas de libertad y a efectivos policiales en servicios activos para realizar tareas de albañilería en una vivienda particular ubicada en la localidad de El Cadillal.
Los hechos, que han tenido repercusión a nivel nacional, llegaron a conocimiento de las máximas autoridades provinciales a través de denuncias anónimas recibidas por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. La información señalaba al entonces jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, de emplear a detenidos y a personal policial en trabajos para una casa que se presume es de su propiedad. Ante la gravedad de la acusación, el gobernador Osvaldo Jaldo fue informado y se solicitó la intervención de la fiscala de Estado Gilda Pedicone.
La confirmación de los hechos se produjo tras un procedimiento realizado por personal de la fiscalía en el barrio Villa del Parque de El Cadillal. En el lugar se halló a dos agentes de policía y a dos personas condenadas, todos realizando labores de albañilería. Un escribano del Gobierno labró un acta notarial que documentó el descubrimiento. La inmediatez de la situación llevó a que el ministro de Seguridad y el jefe de la Policía, Joaquín Girvau, se presentaran en el lugar para seguir de cerca las actuaciones.
Como consecuencia inmediata, y mediante un decreto firmado por el gobernador Jaldo y el ministro Agüero Gamboa, se dispuso la baja de Gustavo Beltrán y de su segundo, el comisario Sergio Juárez, de sus cargos al frente de la Unidad Regional Norte. Esta sanción administrativa, considerada de mayor severidad, no solo los separa de la fuerza sino que también les impide acceder a la jubilación por un tiempo determinado. El decreto ministerial fundamenta la medida en "conductas incompatibles con la función policial" que "afectan gravemente la confianza que la sociedad deposita en la institución".
Paralelamente, la fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la aprehensión de ambos comisarios para la investigación penal. Mientras Beltrán fue convocado y posteriormente detenido, el caso de Juárez presenta matices diferentes, ya que se presentó de forma espontánea y se investiga si su responsabilidad radica en no haber informado las irregularidades cometidas por su superior.
La pesquisa judicial avanza sobre varios aspectos clave. Se maneja la hipótesis de que al menos cuatro detenidos habrían sido utilizados de manera periódica en la vivienda, siendo trasladados en un móvil policial. Asimismo, se investiga a los efectivos que los custodiaban, quienes, en lugar de cumplir con sus funciones regulares, también habrían realizado tareas en el lugar. Un dato adicional de gravedad es que los reclusos implicados se encontraban condenados por delitos de abuso sexual y, contra lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, permanecían alojados en calabozos policiales en lugar de en una unidad penitenciaria.
Las autoridades policiales han sido enfáticas en su condena a los hechos. El jefe de la Policía, Joaquín Girvau, aseguró que se ha iniciado una investigación administrativa para recabar pruebas y que los responsables "deberán responder penalmente". Girvau afirmó que en la institución no aplica la "obediencia debida" para callar irregularidades de esta magnitud y anunció un proceso de depuración dentro de la fuerza. La investigación continúa abierta para determinar la posible implicación de otros efectivos en estos hechos.