Política > Presión gremial
La CGT advirtió que no habrá negociación si la reforma laboral reduce derechos
La CGT cuestiona el proyecto del Gobierno que propone salario dinámico y jornadas extendidas. Daer y Volcovinsky anticipan medidas para proteger derechos de los trabajadores.
POR REDACCIÓN
La CGT salió al cruce del proyecto de reforma laboral que anunció el presidente Javier Milei tras el triunfo electoral del domingo. El cosecretario general, Héctor Daer, aseguró que “si es para retroceder no va a haber ninguna negociación” y anticipó que la central aplicará la presión política y gremial necesaria para frenar la iniciativa.
Hasta ahora, los dirigentes de la CGT no fueron convocados a debatir la reforma. “No hay ni un indicio, ni siquiera de cuál es el borrador que pretende el Gobierno. No hay ninguna negociación de ningún tipo”, afirmó Daer en declaraciones a Radio Con Vos. Entre las propuestas del proyecto se encuentran un banco de horas, salario “dinámico”, jornadas de hasta 12 horas y un fondo de cese laboral descontable de los salarios.
Daer calificó como “un delirio” el salario dinámico, porque busca reducir el salario básico y que las mejoras dependan de la productividad individual, en un esquema que considera “totalmente individualista”. La central sostiene que estas medidas representan “una transferencia de los trabajadores a los sectores empresariales” y que no existe intención de debatir una agenda con el sector gremial.
La CGT se prepara para resistir el proyecto y construir las mayorías parlamentarias necesarias para frenar los avances. “Y si eso no alcanza, generaremos presión política y gremial como lo hicimos con el DNU 70/23”, aseguró Daer.
Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la UEJN y candidata para integrar el próximo triunvirato de la CGT, también rechazó la iniciativa. Señaló que “la CGT tendrá un rol central como custodia de los derechos de trabajadoras y trabajadores” y cuestionó los proyectos previos del Gobierno que, según ella, “no generaron empleo digno, sino todo lo contrario: llevaron los salarios a estar entre los más bajos de la región, impulsaron el empleo informal y el pluriempleo, y provocaron la destrucción de más de 200 mil puestos formales y el cierre de 15 mil pymes”.
“Lo que se necesita no es una reforma que quite derechos, sino un debate nacional que recupere el trabajo registrado, fortalezca la producción y amplíe la protección a quienes hoy están excluidos”, concluyó Volcovinsky.