San Juan ya tiene regularizado casi el 50% de las instituciones

Gerardo Guerri, director de Inspección General de Personas Jurídicas de San Juan, brindó un balance sobre la situación de las instituciones en la provincia poco más de un año después de asumir su gestión. El funcionario destacó un "cambio de paradigma" que está llevando a las instituciones a comprender la importancia de la regularización.

Al inicio de la gestión, aproximadamente un tercio de las instituciones se encontraban en situación irregular. Sin embargo, en el último año, se ha logrado un avance significativo, acercándose "lentamente a un 50% de instituciones regulares". Este proceso de ordenamiento no se trata solo de "papeles al día", sino de garantizar "los derechos de los socios, los derechos de las instituciones y las arcas públicas", especialmente considerando que muchas reciben subsidios y ayudas económicas.

Incumplimientos persistentes y desafíos en la transparencia

A pesar del progreso, aún queda más del 50% de instituciones en situación "anómala". Los principales incumplimientos se centran en la falta de rendición de cuentas internas, la omisión en la convocatoria a asambleas y la no elección de autoridades, lo que atenta contra la transparencia y la "vida en democracia".

En diálogo con radio Estación Claridad, Guerri señaló que existen "muchísimas instituciones que hace 10 años no hacían una asamblea para elegir autoridades" y otras que incluso están "vacías" de socios y contenido. El camino por recorrer implica trabajar en la recuperación de socios y en la capacidad de las instituciones para cubrir sus propios costos, aunque el Estado esté dispuesto a asistirlas una vez que estén en orden administrativo.

Las instituciones deportivas, por su dinamismo y red de apoyo, mostraron una mayor capacidad de reacción para regularizarse. En contraste, los centros de jubilados, afectados por la pandemia, tuvieron un proceso más lento. Una herramienta clave para muchas instituciones es el convenio firmado entre la Legislatura y la Universidad Nacional de San Juan, que ofrece una "asistencia integral" (ver Programa de Instituciones en Orden...) para problemas de balances y convocatoria a asambleas.

La Inspección General de Personas Jurídicas busca "salvaguardar la institución". No obstante, cuando hay una "irregularidad muy grande" y no hay voluntad societaria para retomar la actividad, se puede designar un interventor. Si estos intentos fallan y no hay un propósito de bien común, se inicia un proceso de liquidación, aunque hasta la fecha no se ha llegado a liquidar ninguna, solo dos o tres clubes muy antiguos están en esa proyección.

Guerri desestimó la idea de que no hay interesados en liderar las instituciones; en la práctica, cuando la IPJ intima a convocar asambleas, "siempre aparece algún interesado". La clave es fomentar una cultura de participación y respeto por el socio.

Acciones legales y controles de subsidios

El director confirmó que se han presentado denuncias penales en casos de irregularidades graves. Un ejemplo es una unión vecinal en Angaco, donde se presentaron "balances truchos", lo que derivó en la designación de un interventor y la intervención de la fiscalía por presunta "administración fraudulenta". También se han detectado y denunciado "falsificaciones de firmas muy evidentes". Es importante recordar que todo documento presentado y firmado en la IPJ adquiere el carácter de documento público.

Respecto al control de subsidios, los estados provincial y nacional requieren un "certificado de vigencia" de las instituciones, que certifica su última asamblea y la autoridad vigente. Sin embargo, no todos los municipios solicitan este certificado, lo que ha llevado a que "municipalidades estén entregando recursos a esas instituciones no vigentes", creando un "círculo vicioso" y, potencialmente, un "negocio para unos poquitos". Guerri enfatizó que otorgar recursos a una autoridad vencida o institución irregular es como dárselos a un particular.

La IPJ estima tener alrededor de 60 instituciones bajo la figura de triunviratos normalizadores o interventores en actividad. El funcionario aclaró que los expedientes de la institución aún se manejan en soporte papel, no están digitalizados, pero afirmó que no hay morosidad en los trámites, sino que los procesos administrativos llevan tiempo para asegurar los derechos de todas las partes.

El impulso de nuevas instituciones: 45 en el último año

Desde el 2024 se sumaron "unas 45 instituciones nuevas". Esta cifra representa una "merma" en comparación con gestiones anteriores, lo cual se explica porque la IPJ ya no es vista como una "fábrica de instituciones", sino como un "órgano de control". La actual gestión es "más exigente", asegurando que las instituciones que se constituyen lo hagan "totalmente en regla".

Finalmente, Guerri destacó que los clubes más grandes y conocidos en la provincia, que poseen un espacio físico, en su mayoría están en regla, y muchos que no lo estaban se han normalizado en el último año. En cuanto a las iglesias, operan bajo un régimen civil distinto y dependen del área de Culto de la Nación. La IPJ sigue trabajando para fomentar el "compromiso social" y la creación de instituciones para "provocar beneficios sociales", en lugar de buscar beneficios personales.

Programa para instituciones en orden para regularizar entidades civiles

Días atrás, presentaron el programa Instituciones en Orden, una propuesta que brindará asistencia jurídica, contable y técnica a organizaciones civiles de toda la provincia, con el fin de que puedan regularizar su personería y documentación institucional.

Ejes del programa Instituciones en Orden

• Asesoramiento y capacitación: asistencia técnica en la elaboración de estatutos, documentación legal, balances y rendición de cuentas, además de charlas de formación.
• Premios e incentivos: reconocimiento a las instituciones que completen su regularización y presenten proyectos con impacto social.
• Articulación institucional: trabajo conjunto con organismos provinciales y municipales para garantizar un abordaje integral.
• Requisitos: ser una entidad con fines sociales, deportivos o comunitarios, iniciar el proceso de regularización y presentar un proyecto de desarrollo institucional.
• Beneficios: acceso a herramientas de gestión, fortalecimiento de la transparencia, posibilidad de obtener financiamiento y mayor visibilidad en la comunidad.