Hay más de 300 sumarios abiertos contra policías en San Juan

La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública de San Juan informó que actualmente se encuentran en trámite más de 300 sumarios administrativos contra personal policial y penitenciario. Así lo confirmó el titular del área, Damián Villavicencio, quien explicó que las investigaciones responden a denuncias por diversas faltas, tanto disciplinarias como presuntos abusos en procedimientos. Las denuncias son recibidas por la subsecretaría de forma directa, a partir de quejas administrativas presentadas por ciudadanos que consideran haber sido víctimas de conductas irregulares durante actuaciones policiales. Se reciben entre 50 y 70 denuncias mensuales, aunque solo una pequeña parte de ellas derivan en un sumario formal y, en menor medida, en sanciones efectivas.

De acuerdo a la información brindada por Villavicencio en declaraciones radiales, alrededor del 10% de las denuncias presentadas se transforman en sumarios administrativos luego de que la subsecretaría analiza la verosimilitud de los hechos y la existencia de elementos probatorios. De esos sumarios, entre el 20% y el 30% concluyen con una sanción al personal implicado. Es decir, menos del 3% de las denuncias iniciales terminan con algún tipo de resolución sancionatoria. Villavicencio señaló que en la mayoría de los casos los denunciantes no acompañan las quejas con pruebas suficientes como videos, fotos o testigos, lo que dificulta avanzar en el proceso y limita las posibilidades de establecer responsabilidades concretas. También explicó que algunas investigaciones se inician de manera preventiva, incluso antes de que los hechos sean denunciados ante la justicia penal, lo que permite iniciar las actuaciones internas de forma inmediata.

En lo que va del año, los más de 300 sumarios abiertos abarcan una amplia variedad de conductas, desde incumplimientos en servicios adicionales y desvíos de patrullaje, hasta casos de violencia de género y denuncias de apremios ilegales. No todos los sumarios están judicializados. La mayoría de ellos se resuelve en el ámbito administrativo interno. En los casos en que existe una causa judicial, las investigaciones se llevan a cabo de manera paralela a la intervención de la justicia. Cuando un efectivo es condenado por un delito doloso, y esa sentencia queda firme, puede derivar en sanciones como la cesantía o la exoneración de la fuerza. En tanto, si la causa está en trámite judicial, el efectivo puede ser suspendido de manera preventiva por decisión del jefe de Policía, a solicitud de la subsecretaría, mientras avanza la investigación.

Dos hechos recientes volvieron a poner bajo atención el accionar policial en la provincia. El primero ocurrió en la Comisaría 6ª, donde un joven de 30 años, identificado como Cristian Morales, fue detenido por una contravención y terminó internado en terapia intensiva. Según los informes preliminares, el hombre fue detenido junto a otra persona tras protagonizar un episodio en la vía pública, y habría sufrido lesiones mientras se encontraba en la comisaría. El caso fue judicializado por la UFI Delitos Especiales, que imputó a tres efectivos por apremios ilegales y lesiones graves, dictando prisión preventiva por tres meses. Los implicados son el oficial Cristian Gabriel Aciar y los agentes, Gabriel Adrián Mariño y Alejandro Emiliano González. En paralelo, la subsecretaria a cargo de investigar el accionar policial abrió un sumario administrativo y ya tomó intervención para recabar testimonios, analizar imágenes de cámaras de seguridad y reunir la documentación necesaria para avanzar en la determinación de responsabilidades.

Golpiza en Comisaría 6º

El segundo caso se registró en una cancha de Zonda, donde el director técnico del equipo de fútbol Picón fue detenido por la policía al finalizar un partido contra Recabarren por la categoría B del fútbol local. El entrenador Matías Guerra denunció haber sido agredido por los efectivos al momento de ser trasladado en un patrullero. Aunque la denuncia no fue presentada ante la justicia, la subsecretaría inició una investigación interna apenas recibió el informe de la comisaría correspondiente. Hasta el momento, no hay policías suspendidos en relación a este hecho. Se encuentra en curso la recopilación de pruebas, incluidos registros audiovisuales, para determinar si corresponde o no una medida disciplinaria.

Detención del DT de Picón

Villavicencio explicó que los procedimientos internos deben cumplirse aún en los casos en que hay intervención judicial, ya que el sumario administrativo es la única vía formal para aplicar sanciones en el ámbito de la fuerza. Si bien la investigación administrativa puede quedar supeditada a lo que determine la justicia, en ocasiones se detectan elementos propios que no surgen en la causa penal. Asimismo, aclaró que muchas veces las denuncias administrativas se presentan antes de que el hecho llegue al fuero penal, y en otros casos no hay intervención judicial alguna. Por ello, explicó, no se puede prescindir del proceso interno de control.

Sobre el número de efectivos implicados, Villavicencio indicó que no hay una cifra precisa porque un mismo policía puede estar involucrado en más de un sumario. Además, el número de suspendidos varía mes a mes, ya que las suspensiones preventivas deben ser revisadas cada 30 días y pueden levantarse o mantenerse en función del avance de las investigaciones. La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión tiene competencia sobre todo el personal policial y penitenciario bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad de la provincia, y su función principal es el seguimiento de actuaciones y conducta del personal, con base en las normativas internas y el marco legal vigente.

Fuente: Radio Sarmiento y Estación Claridad