Cambios en el INV: flexibilizan los controles en toda la industria

El descenso de categoría que el Gobierno dispuso para el Instituto Nacional de Vitivinicultura, junto con otros organismos públicos, trae aparejados cambios profundos en las operaciones cotidianas de las bodegas.

El más importante tiene que ver con la flexibilización de controles que hasta ahora recaían sobre todas las etapas de la cadena de producción y a partir del nuevo decreto se concentrarán sólo en el tramo final del proceso, en la comercialización. Y en algunos casos puntuales dejarán de ser obligatorios y pasarán a ser optativos.

Las medidas forman parte de un paquete más amplio de reformas que se instrumentaron sobre 21 organismos estatales mediante el decreto 426/25 publicado en el Boletín Oficial.

Los cambios no tomaron por sorpresa a los protagonistas de la industria vitivinícola, ya que todos los sectores involucrados -empresas y gobiernos de provincias productoras- fueron consultados sobre las medidas en ciernes.

De todos modos, aunque la mayoría parece estar de acuerdo, el consenso no es absoluto y todo hacer prever que estallará una fuerte polémica en el mercado del vino en el país.

A partir de ahora el INV, que quedará bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, concentrará su tarea de control sobre la calidad del producto final y su aptitud para el consumo humano.

Otros controles, como las certificaciones de genuinidad de origen y composición varietal, pasan a ser optativos, bajo un sistema de declaraciones juradas que firmará cada bodega.

Sólo se mantiene la obligatoriedad de certificaciones en todas las etapas para los vinos que se destinan a la exportación.

Las primeras reacciones

Las primeras reacciones de las dos cámaras que representan a las empresas del sector dejaron ver algunas diferencias de grado tras conocerse los primeros lineamientos de las medidas.

Desde la cámara Bodegas de Argentina, que nuclea a 250 bodegas de todo el país, comentaron a Ámbito: “Frente a los cambios anunciados en la estructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), desde Bodegas de Argentina apoyamos toda iniciativa orientada a simplificar procesos, reducir burocracia y potenciar la competitividad del vino argentino en el mundo. En definitiva, a mejorar las condiciones para el desarrollo de nuestros negocios”.

“Entendemos que esta reforma debe tener como eje la eficiencia y el fortalecimiento de las condiciones para producir y exportar más y mejor. Al mismo tiempo, creemos que es fundamental preservar las capacidades técnicas que tiene el INV para garantizar la calidad, la trazabilidad y la identidad de nuestros productos”, añadieron.

Por otro lado, desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que representa a otra franja de bodegas que incluye a cooperativas, la reacción fue de mayor cautela: “Desde Coviar se están analizando y estudiando las implicancias de los anuncios, las normas y reglamentaciones afectadas y cómo se aplicarían los cambios. Los equipos técnicos y asesores están trabajando sobre este tema”, explicaron ante la consulta de Ámbito.

“Hay muchas normas involucradas y se están analizando las implicancias. Incluso es posible que se necesiten nuevos decretos o reglamentaciones complementarias a lo anunciado hasta ahora. Por eso por ahora se están estudiando los cambios y no hay una posición oficial al respecto”, agregaron desde la entidad.

Desde el gobierno, el encargado de explicar los alcances de las medidas que afectaron al INV fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de cuenta en la red social X (ex Twitter).

“Consultamos a muchos bodegueros y todos, sin excepción, marcaron el excesivo reglamentarismo del organismo que imponía cargas burocráticas, costos, y que dificultaba la innovación y experimentación. La complicación era tal que nos manifestaban que debían destinar empleados exclusivamente a cumplir con los trámites y exigencias del INV”, argumentó el funcionario.

“La reforma fundamental es que el INV dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el transporte), y se concentrará exclusivamente en el tramo final de la cadena, en la góndola, donde controlará la aptitud para el consumo y que los productos no estén adulterados ni manipulados de forma indebida (los controles también se podrán hacer de manera privada). De esa manera sacamos al INV de la función de producción para concentrarlo en el control del producto que es lo que realmente importa”, detalló.

También dijo que “las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, a disposición de los productores que las requieran, y podrán ser emitidas por el propio INV o por entidades privadas”.

“Se mantienen, por supuesto, las certificaciones para exportaciones expedidas por el INV, cuando así lo exijan los países de destino. Que esto se mantuviera fue un pedido unánime de toda la industria y también del gobernador (de Mendoza) Alfredo Cornejo, quien también pidió que mantuviéramos el nombre del instituto”.

Otro paso en la desregulación de la industria vitivinícola

En las principales bodegas respaldan los criterios que esgrimió el ministro para justificar la medida. “No se trata de que las bodegas nos neguemos a llenar formularios, sino de agilizar procesos que representan costos altos para nuestra industria en momentos en que la competencia internacional nos obliga a ser muy eficientes en nuestros costos para poder mantenernos en carrera en el exterior”, explicó un bodeguero ante la consulta de Ámbito.

Y remarcó otro aspecto: “Está muy bien que se mantengan obligatorios todos los controles para la exportación, ya que una sola bodega que incumpla los criterios exigidos en los principales mercados puede afectar la reputación y los negocios de todo el vino argentino”.

Desde sectores críticos a la flexibilización de controles recuerdan los episodios ocurridos en 1993, cuando una bodega de San Juan adulteró sus marcas Mansero y Soy Cuyano con alcohol metílico (de quemar) que vendía en damajuanas. Esto provocó un total de 29 muertos en diversos puntos del país y otras personas afectadas por ceguera.

Sobre este punto, el propio Sturzenegger aclaró en su posteo en X: “La catástrofe había ocurrido en el gobierno de Alfonsín, cuando se introdujo el Articulo 24bis a la ley 14.878, dándole potestad al INV de controlar cualquier cosa. La delegación legislativa nos permite modificar estas funciones del INV para focalizarlas, como decíamos, exclusivamente en el control del producto final”.

Estas medidas se dan en el contexto la desregulación que impulsa el gobierno en la industria del vino, que también se tradujo en un proyecto de ley para eliminar el esquema de financiamiento obligatorio que sostiene la actividad de la CoviarR, como organismo público-privado encargado de aplicar el Plan Estratégico Vitivinícola Argentino (PEVI).

Las bodegas alcanzadas por ese aporte obligatorio argumentan que aumenta sus costos sin que se vean resultados concretos en la ejecución del PEVI.

En este marco, en junio pasado se flexibilizaron algunos requisitos para la importación de vinos, simplificando trámites para los importadores y agilizando los procedimientos administrativos, aunque se mantienen los controles de calidad e inocuidad que establece la ley General de Vinos de Argentina (14.878) que regula la producción, industria y comercio vitivinícola en el país.